El legislador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para prohibir la emisión de tarjetas sin consentimiento, eliminar cobros indebidos y agilizar la cancelación de plásticos
Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- El senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa que busca sancionar las prácticas abusivas de instituciones financieras en la emisión y manejo de tarjetas de crédito y débito. La propuesta pretende modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de garantizar el consentimiento expreso de los usuarios en cualquier contratación.
De acuerdo con Monreal, la iniciativa prohíbe expresamente que los bancos o tiendas departamentales entreguen tarjetas sin solicitud previa del cliente. Además, plantea que la cancelación de estos instrumentos pueda realizarse en cualquier momento y sin costo alguno, por medios presenciales, telefónicos o digitales, las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año.
El proyecto también establece que las instituciones tendrán un plazo máximo de tres días hábiles para concretar la cancelación, sin aplicar penalizaciones ni comisiones. Asimismo, obliga a reembolsar los cobros indebidos en un lapso no mayor a cinco días hábiles, una vez que el usuario presente su reclamación ante la entidad emisora.
Monreal explicó que esta reforma responde a una falta de regulación que ha permitido abusos en perjuicio de los consumidores. Entre los más comunes se encuentran el envío de tarjetas no solicitadas, cargos por anualidades no autorizadas y afectaciones en el historial crediticio de personas que nunca realizaron la contratación.
Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en 2024 se registraron más de doscientas cincuenta mil reclamaciones por productos financieros, de las cuales siete mil se relacionaron con la emisión o cancelación irregular de tarjetas.
La iniciativa será analizada por las comisiones correspondientes del Congreso antes de someterse a votación. De aprobarse, representaría un avance significativo en la protección de los derechos de los usuarios frente a prácticas abusivas del sistema financiero.