El Servicio de Administración Tributaria informó que ha integrado 109 expedientes por presuntos actos de corrupción en aduanas, relacionados con prácticas ilegales que causaron un perjuicio al fisco superior a los 22 mil 843 millones de pesos
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2025.– El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que durante los primeros nueve meses del año ha integrado 109 expedientes por presuntos actos de corrupción en aduanas, relacionados con irregularidades que ocasionaron un perjuicio al erario por más de 22 mil 843 millones de pesos, en el marco de una estrategia para combatir la evasión fiscal y fortalecer el control en el comercio exterior.
De acuerdo con la autoridad fiscal, las denuncias derivan de verificaciones, operativos y acciones penales emprendidas contra importadores, agentes aduanales, almacenes generales de depósito, recintos fiscalizadores y empresas de mensajería que habrían incurrido en prácticas ilícitas o aprovechado esquemas simplificados para evadir impuestos. En varios casos, el SAT solicitó la cancelación de patentes y permisos aduanales a los responsables.
En el mismo periodo, la institución ejecutó 205 operativos de alto impacto que resultaron en el embargo de mercancía extranjera ilegal con un valor estimado en 4 mil 564 millones de pesos, mientras que 330 verificaciones administrativas en materia aduanera permitieron asegurar bienes adicionales con valor de 7 mil 554 millones de pesos. Estas acciones buscan frenar el ingreso irregular de productos y recuperar recursos para el fisco federal.
El titular de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, Erick Jiménez Reyes, destacó la necesidad de reformas legales que fortalezcan las facultades de las autoridades aduaneras y fiscales, con el fin de sancionar con mayor eficacia estas conductas y cerrar espacios a la evasión. Aseguró que las medidas emprendidas forman parte de una estrategia integral de combate a la corrupción en las fronteras y puntos de ingreso del país.
El SAT reiteró que continuará con la vigilancia en los procesos de importación y exportación para garantizar la legalidad de las operaciones y proteger los ingresos públicos.
Asimismo, subrayó que los casos detectados serán turnados a las autoridades judiciales correspondientes para que se determinen las responsabilidades penales y administrativas.