Familiares y organizaciones exigen al gobierno federal colaborar con el CED de la ONU
Colectivos de desaparecidos y más de 120 organizaciones urgieron al Estado mexicano a entregar el informe solicitado sobre desapariciones forzadas, luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas activó el Artículo 34 de la Convención Internacional
Familiares de personas desaparecidas y 127 organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno federal colaborar con el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, luego de que este órgano internacional activó el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para atender la situación en México.
De acuerdo con el comunicado del CED, este jueves 18 de septiembre México debía remitir un informe sobre desapariciones generalizadas o sistemáticas en su territorio. El Comité recordó que da seguimiento al país desde 2012 y que ha emitido 773 acciones urgentes, la cifra más alta para cualquier Estado parte.
Los colectivos subrayaron que, pese a reformas legales y a la creación de instituciones especializadas, los recursos limitados y la impunidad persistente han impedido atender de manera efectiva la crisis de desapariciones en México. Según las cifras difundidas, existen más de 133,000 personas desaparecidas desde 2006 hasta septiembre de 2025 y más de 72,000 cuerpos sin identificar en servicios forenses.
Las organizaciones pidieron al gobierno federal evitar la confrontación y aprovechar la supervisión internacional. Señalaron que la aplicación del Artículo 34 no debe verse como un juicio o un ataque, sino como una oportunidad extraordinaria para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Asimismo, llamaron a una respuesta de Estado con metas claras y verificables.
Demandaron que el gobierno mexicano presente una propuesta para erradicar las causas de las desapariciones, garantizar verdad, justicia y reparación, además de establecer mecanismos eficaces y transparentes de rendición de cuentas.
Los firmantes informaron que enviaron un informe paralelo en el que solicitaron un mecanismo internacional de esclarecimiento y quedaron a la espera de respuesta de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.