El fiscal general de la República, argumentó que existen seis personas afectadas por el delito de secuestro y que no pueden quedar en estado de indefensión.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que la FGR apelará la absolución de Israel Vallarta, otorgada el pasado 1 de agosto, argumentando que se trata de una “obligación moral, ética y jurídica” hacia las seis víctimas del delito de secuestro vinculadas al caso.
Durante la conferencia matutina de este martes 12 de agosto, el fiscal subrayó que, aunque se reconozcan las irregularidades en la detención de Vallarta, como el montaje televisivo difundido en 2005, el secuestro es el segundo delito más grave después del homicidio y no puede quedar impune.
“Seis personas que sufrieron secuestro, ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente, ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”, declaró Gertz Manero.
La jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, dictó la sentencia absolutoria tras concluir que no se acreditó la responsabilidad penal de Vallarta por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad, ordenando su inmediata liberación.
Vallarta abandonó el penal federal del Altiplano después de permanecer 19 años, 7 meses y 23 días en prisión preventiva sin sentencia.
La liberación se dio en cumplimiento de un amparo concedido por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito, que instruyó revisar la medida cautelar atendiendo las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, el cual pidió medidas alternativas ante el deterioro de salud de Vallarta.
El caso, que involucró a la ciudadana francesa Florence Cassez, expuso fallas estructurales del sistema penal mexicano, incluyendo el uso excesivo de la prisión preventiva y la manipulación mediática de las detenciones. Cassez fue liberada en 2013 tras la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concluyó que sus derechos fueron vulnerados desde su arresto.
Gertz Manero insistió en que la apelación busca garantizar la reparación del daño y el acceso a la justicia para las víctimas. “Vamos a proceder, a través del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, afirmó.
El caso Vallarta sigue generando debate sobre la justicia en México, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de reformas al sistema penal, para evitar que personas permanezcan décadas en prisión sin sentencia.