Abogados de Sandra Luz Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC, buscan evitar su extradición a México argumentando “persecución política”.

México (Marcrix Noticias)-A más de 16 años del incendio en la Guardería ABC que cobró la vida de 49 niñas y niños en Hermosillo, Sonora, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños confirmó la detención en Arizona de Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias de la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Téllez Nieves fue localizada en el centro de detención de Eloy, tras activarse una ficha roja de Interpol derivada de la sentencia emitida en su contra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución la señala como culpable de homicidio culposo, pero sus abogados en Estados Unidos buscan evitar su extradición con el argumento de persecución política.

“Es responsable directa de la muerte de nuestros hijos, no una perseguida del sistema”,

advirtió Juana Luna Hernández, presidenta del colectivo, en una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El grupo exigió a las autoridades mexicanas, y en especial a la Fiscalía General de la República, que actúen con prontitud para asegurar el regreso de Téllez Nieves al país y su ingreso al penal correspondiente. Denunciaron además la falta de comunicación oficial sobre la detención, a pesar de su trascendencia.

La tragedia del 5 de junio de 2009 se originó en una bodega gubernamental contigua, desde donde el fuego se propagó a la guardería, dejando también a más de 100 menores con secuelas físicas y neurológicas permanentes.

El caso ha estado marcado por la impunidad: desde el inicio, las familias señalaron vínculos entre los propietarios de la estancia y altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. A más de una década, pocos han sido llevados ante la justicia, y algunos intentan evadir sus condenas en el extranjero.

Actualmente, una firma de abogados en Arizona tramita una solicitud de asilo político para Téllez Nieves. Las familias consideran este intento como una “afrenta” a la memoria de las víctimas y un nuevo obstáculo en su lucha contra lo que califican como un crimen de Estado.

“No queremos venganza, exigimos justicia. Que la presidenta Sheinbaum nos escuche y que ningún interés político impida que se castigue a quien debe responder por la muerte de nuestros hijos”,