La mayoría de los casos están relacionados con el cambio ilegal de uso de suelo en zonas forestales protegidas.

Mérida, Yucatán. (Marcrix Noticias)- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene abiertos más de 200 procedimientos administrativos en Yucatán desde 2024, muchos de ellos por cambio ilegal de uso de suelo en zonas forestales, con afectaciones particularmente graves en áreas como la Reserva del PUUC y Balancanché.

Entre los principales responsables de esta problemática se encuentran comunidades menonitas, acusadas de realizar desmontes masivos para establecer plantaciones agrícolas de gran escala, algunas incluso utilizando semillas transgénicas, lo que agrava el daño ambiental.

Desmontes a gran escala y sin permisos

El delegado estatal de la Profepa, José Alberto González Medina, informó que estas prácticas, que incluyen tala y quema de vegetación forestal, se han intensificado en los últimos años, afectando cientos de hectáreas de selva.

“Hemos detectado polígonos de entre 40 y hasta 350 hectáreas en diversos puntos del cono sur del estado, en zonas que colindan con Campeche y Quintana Roo”, detalló.

Cuando se identifica un desmonte ilegal, la primera acción es la clausura inmediata del sitio, acompañada de medidas de seguridad ambiental. Posteriormente, se inicia un procedimiento administrativo que puede derivar en multas económicas, reparación del daño ambiental o incluso en denuncias penales.

Actualmente, entre cinco y seis expedientes relacionados con delitos ambientales se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Participación de la Guardia Nacional y retos en la costa

Aunque hasta ahora no se han realizado detenciones en flagrancia, en los operativos participan elementos de la Guardia Nacional, quienes tienen la facultad de arrestar si sorprenden a los responsables en el acto.

La reparación del daño ambiental implica acciones como reforestación, rehabilitación de suelos y, en zonas costeras, restauración de dunas y vegetación característica. Uno de los casos más delicados es el de Sisal, donde la destrucción de dunas ha requerido la intervención coordinada de autoridades estatales y federales.

“Estamos en una etapa crítica en Yucatán. Los desmontes, sobre todo en la costa y el sur del estado, están alterando gravemente ecosistemas protegidos y zonas de alta biodiversidad”, advirtió González Medina.

Las actividades ilegales en zonas forestales y costeras, ya sea con fines agrícolas, ganaderos o inmobiliarios, representan un reto creciente para la Profepa y ponen en riesgo la riqueza ambiental de la región.