La anulación de la Ley Dream en Texas, vigente desde 2001, obliga a miles de estudiantes indocumentados a pagar tarifas de no residentes a partir del otoño de 2025
La educación superior en Texas se ha vuelto más difícil de alcanzar para miles de estudiantes inmigrantes tras la anulación de la Ley Dream, una normativa que desde 2001 permitía a jóvenes indocumentados pagar tarifas de matrícula como residentes estatales. La reforma fue aprobada por legisladores republicanos y firmada por el gobernador Greg Abbott. Entrará en vigor a partir del otoño de 2025.
Con esta medida, los estudiantes sin estatus migratorio regular que cursaron la preparatoria en Texas perderán el acceso a la matrícula estatal. Esto significa que deberán pagar tarifas de no residentes, que pueden ser hasta tres veces más elevadas, dificultando su permanencia en universidades públicas como la University of Texas o Texas A&M.
La Ley Dream, pionera en Estados Unidos, permitió durante más de dos décadas que miles de jóvenes —conocidos como dreamers— accedieran a la educación superior a costos accesibles. Para beneficiarse, debían haber cursado al menos tres años de preparatoria en Texas y graduarse en el estado.
Fue aprobada con apoyo bipartidista en 2001, pero ha sido blanco de ataques en años recientes.
El argumento central del gobernador Abbott y sus aliados es que esta política “recompensaba la inmigración ilegal” y suponía un “gasto injusto” para los contribuyentes. En su lugar, la nueva ley exige verificación del estatus migratorio para determinar si un estudiante califica para tarifas preferenciales. “Texas debe priorizar a los ciudadanos legales en el acceso a recursos educativos”, afirmó el senador republicano Brandon Creighton.
Las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones civiles, estudiantes y académicos denuncian que la medida afectará a más de 20,000 jóvenes que actualmente estudian bajo esta ley. Muchos provienen de familias de bajos ingresos y no son elegibles para apoyos federales, lo que los dejará en una situación extremadamente precaria.
“Es devastador”, dijo Luz Hernández, estudiante de segundo año en la Universidad de Houston. “He trabajado duro para estar aquí, y ahora me están sacando sin darme opción”.
El golpe económico es significativo: quienes antes pagaban alrededor de 11 mil dólares anuales, ahora podrían enfrentar costos de hasta 30 mil dólares, una barrera que podría expulsarlos del sistema educativo.