Mientras negocios formales enfrentan pérdidas por la prohibición de vender alcohol durante las elecciones judiciales, vendedores clandestinos aprovechan la demanda con precios elevados y ventas en redes sociales.

Cancún (Marcrix Noticias)-La ley seca implementada en Quintana Roo con motivo de los comicios judiciales del 1 de junio de 2025 ha generado un marcado contraste económico en Cancún. Mientras los establecimientos legales cumplen con la normativa y registran pérdidas por el cierre obligatorio, vendedores clandestinos han capitalizado la situación, ofreciendo bebidas alcohólicas a precios inflados en redes sociales y domicilios particulares.

Desde el sábado 31 de mayo, expendios de cerveza, tiendas de conveniencia, autoservicios y distribuidores de alcohol suspendieron la venta de bebidas alcohólicas, en cumplimiento con la normativa electoral. Esta medida, que busca garantizar un ambiente ordenado durante la jornada de votación, ha afectado los ingresos de negocios formales que dependen de la venta de este tipo de productos.

En contraste, un mercado negro de alcohol ha surgido con fuerza. Cientos de publicaciones en redes sociales y mensajes en grupos vecinales ofrecen cerveza y licores a precios que superan en más del 40% su valor habitual. Por ejemplo, un seis de cervezas Cuauhtémoc Moctezuma se ofrece entre 150 y 170 pesos, mientras que el de la línea Corona alcanza entre 200 y 230 pesos.

Las transacciones se llevan a cabo de forma discreta pero constante, sobre todo en colonias populares donde los vendedores informales aprovechan el vacío de oferta. Algunos incluso utilizan vehículos o domicilios particulares como puntos de entrega, dificultando el rastreo por parte de las autoridades.

Pese a que se han anunciado operativos para sancionar la venta clandestina, las propias autoridades locales reconocen que la dispersión geográfica y la rapidez de las ventas digitales complican el control efectivo.

Este fenómeno no es nuevo: la ley seca, aunque bien intencionada, recurrentemente abre la puerta al comercio ilegal, afectando la economía formal y minando la eficacia de la norma. Mientras tanto, quienes operan al margen de la ley “hacen su agosto en pleno junio”, aprovechando una demanda garantizada por la prohibición temporal.