Chetumal (Marcrix Noticias)-En cumplimiento de una sentencia de amparo, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó una reforma que impone penas de hasta 12 años de prisión a quienes promuevan o comercialicen inmuebles sin los permisos requeridos en materia de desarrollo urbano.

La reforma, que entró en vigor el pasado 26 de marzo tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, modifica el Artículo 269, fracción VII, del Código Penal de Quintana Roo. Esta sanciona con cuatro a doce años de cárcel a quienes, a sabiendas de que un inmueble carece de permisos y licencias, ordenen cualquier tipo de publicidad que lleve a una promesa de compraventa de lotes, departamentos o casas en fraccionamientos no autorizados.

Antecedentes del amparo

La legislación surge a raíz de un amparo promovido por la asociación civil “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” (DMAS), derivado de una denuncia penal contra agentes inmobiliarios que promocionaban el condominio Adamar Soliman en Tulum. Dicho proyecto carecía de los permisos requeridos a nivel municipal, estatal y federal en materia de desarrollo urbano y ambiental.

Las abogadas de DMAS detectaron una omisión legislativa, ya que, aunque la promoción de inmuebles sin permisos era considerada un delito, no existía una sanción penal para castigar esta práctica. Tras recurrir al amparo indirecto, el Juzgado Noveno de Distrito falló a su favor en diciembre de 2024, obligando al Congreso a legislar sobre el tema.

Impacto de la reforma

El diputado Hugo Alday Nieto señaló que esta omisión legislativa permitía que desarrolladores y agentes inmobiliarioscomercializaran propiedades sin contar con los permisos necesarios, afectando a compradores y al ordenamiento territorial.

Con la nueva disposición, se busca garantizar que todos los inmuebles en venta cumplan con los requisitos legales y normativos, protegiendo así tanto a los compradores como al medio ambiente.