Cristina Torres desmiente rumores sobre la privatización del servicio y asegura que en 2024, se denunció ante la FGR a la empresa por corrupción y contaminación en el agua.
Cancún (Marcrix Noticias).- El Gobierno de Quintana Roo negó las acusaciones sobre una nueva privatización del servicio de agua, asegurando que las acciones legales contra la empresa Aguakan se deben a irregularidades en la concesión y preocupaciones sobre la calidad del agua.
En entrevista para Aristegui en Vivo, la secretaria general de gobierno, Cristina Torres, detalló los antecedentes de la concesión y las medidas tomadas para abordar las irregularidades detectadas.
Torres explicó que la privatización del servicio de agua en el estado se remonta a los años 90, cuando Aguakan recibió la concesión para el suministro de agua en varios municipios.
En 2014, esta concesión fue prorrogada hasta 2053 por un pago de mil cincuenta y cinco millones de pesos.
Sin embargo, la secretaria destacó que, en mayo de 2024, el gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a posibles irregularidades en los pagos realizados por Aguakan al Estado, los cuales no fueron debidamente autorizados.
Los pagos no debieron haberse realizado al Estado, ya que, según el artículo 115 de la Constitución, el agua debe ser administrada por los municipios, quienes pueden delegar su operación a organismos estatales como la Capa.
Además, las investigaciones sugieren posibles delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que llevó a un juez federal a emitir órdenes de aprehensión contra los directivos de la empresa.
Otro hallazgo importante en las investigaciones es la presencia de contaminantes en el agua, cuyas concentraciones exceden los límites permitidos por las normas oficiales mexicanas.
Se detectaron niveles elevados de bacterias como E. coli y coliformes fecales, lo que representa un serio riesgo para la salud pública.
Torres subrayó que la calidad del agua es una de las principales preocupaciones del gobierno, y las acciones emprendidas tienen como objetivo corregir estos problemas y garantizar un servicio adecuado para la ciudadanía.
En cuanto a las acusaciones de que los trabajadores que han invertido en Aguakan a través de fondos de pensiones estaría en riesgo de perder su dinero, Torres aclaró que el gobierno del estado ha garantizado la protección de esas inversiones, incluso si la concesión es revocada.
Se están llevando a cabo procesos jurisdiccionales para valorar los activos de la empresa y proteger el patrimonio de los quintanarroenses.
Torres desmintió las especulaciones de que el gobierno esté buscando privatizar nuevamente el servicio de agua mediante la entrega de una nueva concesión a una empresa privada.
Aseguró que el objetivo del gobierno es mejorar el servicio de agua potable y corregir las irregularidades en la gestión actual, sin que esto implique privatización alguna.
Finalmente, la secretaria expresó la disposición del gobierno de Quintana Roo a seguir con las negociaciones con Aguakan, siempre que éstas no resulten onerosas para los ciudadanos.
Con información de Aristegui Noticias.