El rapero iraní Amir Hossein Maghsoudloo, conocido como Tataloo, enfrenta la pena de muerte tras ser acusado de insultar al profeta Mahoma.
Irán (Marcrix Noticias)-El Tribunal Supremo de Irán dictó una sentencia de pena de muerte contra Amir Hossein Maghsoudloo, más conocido como Tataloo, uno de los raperos más influyentes del país, bajo cargos de blasfemia. Según el diario Etemad, la condena surge después de que el fiscal presentara una objeción a una sentencia previa de cinco años de prisión.
La corte sostiene que el músico, de 37 años, insultó al profeta Mahoma, un delito que en Irán puede ser castigado con la pena capital. Aunque su defensa tiene la opción de apelar, el caso ha generado críticas y preocupación a nivel internacional debido al historial de restricciones a la libertad de expresión en el país.
Tataloo había vivido en Estambul desde 2018, escapando de las estrictas regulaciones de su natal Irán que obstaculizaban su carrera musical. Sin embargo, en diciembre de 2023, fue detenido en Turquía y deportado a Irán, donde permanece encarcelado.
Su trayectoria está marcada por múltiples enfrentamientos con las autoridades iraníes. Antes de la acusación de blasfemia, fue condenado a 10 años de prisión por presuntamente promover la “prostitución” y publicar propaganda contra el gobierno. Además, se le atribuyeron cargos por compartir contenido considerado “obsceno”.
En sus inicios, Tataloo tuvo vínculos con sectores conservadores del gobierno iraní, lo que le permitió atraer a una audiencia joven con tendencias liberales. En 2017, protagonizó un controvertido encuentro televisado con Ebrahim Raisi, actual presidente de Irán, conocido por su perfil ultraconservador.
El artista incluso llegó a lanzar una canción en apoyo al programa nuclear iraní en 2015, ganándose el respaldo temporal de algunos sectores políticos. Sin embargo, su relación con el régimen se deterioró tras el endurecimiento de las restricciones hacia artistas y figuras públicas, lo que culminó en su persecución y arresto.
El caso de Tataloo ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos, que consideran la sentencia como un ataque a la libertad de expresión y una muestra del uso desproporcionado de la justicia contra opositores al régimen.
Mientras su defensa busca apelar la decisión, su destino continúa siendo incierto, marcando un nuevo capítulo en la tensa relación entre el arte y la política en Irán.