México (Marcrix Noticias)-En una sesión reciente, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) manifestaron su preocupación por las actividades que algunos aspirantes al Poder Judicial están realizando de manera anticipada, en lo que podría considerarse como promoción para sus candidaturas. Sin embargo, subrayaron que el INE no puede intervenir en este proceso hasta que se definan oficialmente los candidatos, lo cual ocurrirá el próximo 12 de febrero, cuando los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial entreguen las listas finales de aspirantes a jueces y ministros.

La reciente reforma judicial establece que no habrá precampañas, y que las campañas oficiales comenzarán el 30 de marzo, con una duración de 60 días. No obstante, los vacíos legales dejados por el Congreso han generado la necesidad de que la comisión organizadora de la elección tome medidas específicas para regular las campañas, la fiscalización, la recepción de votos, los cómputos distritales y la declaración de validez de los resultados.

El medio Reforma resaltó que algunas figuras cercanas al Poder Ejecutivo, como las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, ya están llevando a cabo actividades que podrían interpretarse como parte de una campaña para continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Igualmente, otros aspirantes buscan consolidar sus candidaturas para magistrados, jueces o asegurar su reelección.

Durante la sesión de la comisión organizadora, el consejero Jorge Montaño señaló que diversas conductas podrían considerarse actos de promoción anticipada, como las fotografías de personas que ocupan cargos dentro del Poder Judicial buscando simpatías y realizando actividades previamente no comunes para ellos. Sin embargo, el INE aclaró que no podrá actuar en este sentido hasta que los nombres de los candidatos sean oficialmente anunciados.

La consejera Norma de la Cruz expresó que, aunque el INE está preocupado por la situación, están trabajando dentro de los márgenes de lo que permite la reforma judicial aprobada por el Congreso. Añadió que las quejas relacionadas con el proselitismo anticipado serán dirigidas al Tribunal Electoral o a la Suprema Corte, quienes tendrán la última palabra en el asunto.