El TEQROO enfrenta críticas por falta de transparencia en la compra de equipo y contratos de arrendamiento, además de una solicitud millonaria sin detalles claros.
Cancún (Marcrix, Noticias).- La administración del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), encabezada por el magistrado presidente Sergio Avilés Demeneghi, se encuentra en el ojo del huracán debido a la falta de transparencia en el manejo de recursos y la opacidad en la justificación de algunos gastos.
En particular, ha generado desconfianza la solicitud de casi un millón de pesos para la compra de equipo de cómputo y mobiliario, sin especificar claramente los detalles de los gastos ni el proveedor encargado de la adquisición.
De acuerdo con documentos oficiales, Avilés Demeneghi solicitó 968 mil 774 pesos para modificar la unidad de archivo del Tribunal Electoral y, con ello, mejorar la infraestructura archivística y administrativa.
Sin embargo, la solicitud carece de especificaciones claras sobre las piezas adquiridas. La falta de un contrato formal de compra, así como la ausencia de información sobre la empresa proveedora, han suscitado inquietudes sobre el destino de los fondos públicos.
Además, este no es el primer episodio de irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos del TEQROO. En el pasado, el organismo ha sido señalado por no cumplir con las normativas de transparencia y acceso a la información, lo que agrava aún más la situación.
Un caso concreto que resalta estas inconsistencias es el arrendamiento del edificio utilizado como Centro de Capacitación e Investigación Electoral, así como para otros fines administrativos y jurisdiccionales.
Según el Tribunal, el pago anual de alquiler ascendió a más de un millón de pesos, pero en la plataforma de transparencia figuran pagos mensuales que no coinciden con las cifras oficiales, lo que deja una diferencia de 488 mil 340 pesos sin explicación alguna.
Otro documento reveló aún más contradicciones: el contrato de arrendamiento detalla un pago mensual de 15 mil 500 pesos entre enero y febrero, y 16 mil 275 pesos de marzo a diciembre, sumando un total anual de sólo 193 mil 750 pesos. Sin embargo, el pago anual reportado supera el millón de pesos, dejando un faltante de 915 mil 410 pesos sin justificar.
Este tipo de prácticas ha generado un clima de desconfianza entre la ciudadanía, que ve con preocupación cómo los recursos públicos destinados a la gestión electoral y administrativa podrían estar siendo mal manejados.