Con la aprobación de 18 congresos estatales, la Reforma al Poder Judicial avanza hacia su promulgación, a pesar de la resistencia en Querétaro y la polémica en Tamaulipas.

México (Marcrix, Noticias).- La Reforma al Poder Judicial de la Federación avanza hacia su promulgación, al obtener la aprobación de 18 de los 32 congresos estatales, cumpliendo así con el requisito de 2/3 partes de las legislaturas estatales.

Los congresos que dieron luz verde a la reforma incluyen a Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Nayarit, Colima, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Campeche, Tlaxcala, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, y Michoacán. Cada uno de estos estados aprobó la reforma con mayorías diversas, aunque algunos enfrentaron debates intensos y oposición.

El Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobar la reforma por unanimidad, con 41 votos a favor. Este rápido respaldo fue celebrado por el gobernador Salomón Jara Cruz como un avance hacia un sistema judicial más independiente y democrático. Posteriormente, Colima y Tabasco también ratificaron la reforma, con Tabasco aprobando con 24 votos a favor y 8 en contra.

El Congreso de Quintana Roo, otro de los primeros en aprobar, votó 21 a 4 a favor, mientras que Veracruz, Puebla y Yucatán siguieron la tendencia con resultados de 32 a 11, 28 a 10, y 19 a 16 respectivamente. En todos estos casos, el respaldo se dio en un contexto de debates y posicionamientos tanto a favor como en contra.

A pesar de estos avances, no todos los estados mostraron apoyo. Querétaro se convirtió en el primer estado en rechazar la reforma, con una votación mayoritaria en contra.

Tamaulipas, por su parte, aprobó la reforma en una sesión que estuvo marcada por intensos debates y manifestaciones, pero finalmente, el congreso aprobó la reforma con 20 votos a favor, 10 en contra, y una abstención.

Con la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, la reforma al Poder Judicial ahora está lista para ser enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación. La reforma busca reestructurar el sistema judicial mexicano, aunque enfrenta críticas por la concentración de poder y su impacto en la independencia judicial.

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