El principal argumento es que en 2014 se amplió la concesión hasta 2053, por lo que Aguakan pagó una contraprestación al Gobierno de Quintana Roo de más de $1,070 millones de pesos
Cancún (Marcrix Noticias).- La concesionaria Aguakan exije una indemnización por más de ocho mil millones de pesos por la cancelación, que considera abrupta e injustificada, decretada el pasado 22 de diciembre por la Legislatura del Estado de Quintana Roo.
Mediante un comunicado escrito por su director Paul Rangel Merkley señala que se resolvió terminar sin causa anticipadamente la concesión otorgada para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, dejando en estado de indefensión a miles de usuarios y perjudicando las finanzas de más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos participan como inversionistas de Aguakan, a través de las Afores.
Asimismo el comunicado, el cual fue dirigido al gobierno del Estado, diputados de la XVII Legislatura y los cuatro ayuntamientos mencionados, establece que la medida fue improvisada, ya que los legisladores no pensaron en los más de 1.5 millones de usuarios afectados en sus derechos de recibir el vital líquido a partir del 1 de enero de 2024 y en los legítimos derechos de Aguakan.
El principal argumento es que en 2014 se amplió la concesión hasta 2053, por lo que Aguakan pagó una contraprestación al Gobierno de Quintana Roo de más de $1,070 millones de pesos, además de que asumió el compromiso del pago de una contraprestación periódica al Gobierno del Estado misma que, desde el inicio de la concesión, ha ascendido a más de $7,900 millones de pesos, cifra que reclama como indemnización.
El director de Aguakan termina su comunicado solicitando que se actúe con base en resoluciones judiciales firmes, asegurando el respeto a la ley y el estado de derecho en Quintana Roo y señala que la medida tomada por el Congreso del Estado afectará seriamente las finanzas del gobierno estatal y de los cuatro municipios involucrados, por ser improvisada y sin causa justificada