Una compleja investigación ha puesto bajo la lupa a Alejandro Canek Vázquez Góngora, delegado de INFONAVIT en Hidalgo, en relación con una posible red de fraude y suplantación de identidad. Los expedientes de la investigación CI-FIMH/MH-4/UI-2 S/D/01442/05-2021 revelan detalles al respecto.
Según las declaraciones de Marisol Cervantes Salvatori, ex esposa del funcionario federal, las pruebas recabadas sugieren su conexión con Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., en un presunto acto de insolvencia fraudulenta, establecido en el artículo 235 del Código Penal de la Ciudad de México.
Un aspecto destacado de esta pesquisa es la revelación de que el Apoderado Legal de Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V., siendo consciente de la invalidez del contrato de apertura de crédito simple con fecha del 1 de junio de 2019, presentó una demanda por la vía ejecutiva mercantil. Este acto legal otorga aparente autenticidad a un contrato que, según las alegaciones, podría ser ficticio.
Cervantes Salvatori sostiene que su identidad habría sido utilizada sin su consentimiento para asegurar un crédito a través de Impulso Crediticio Empresarial, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, planteando la inquietante posibilidad de que su firma haya sido falsificada.
Documentación legal adicional establece que Canek Vázquez y Cervantes Salvatori compartían la propiedad de una residencia, según el instrumento notarial número 20,851 con fecha del 3 de abril de 2017, que les confería la condición de copropietarios.
En cuanto al contrato de apertura de crédito firmado el 1 de junio de 2019, se especifica que Canek Vázquez habría recibido la suma de $10,734,413.00, comprometiéndose al reembolso. Sin embargo, la falta de cumplimiento llevó a Impulso Crediticio Empresarial SOFOM, E.N.R. a presentar una demanda en la vía ejecutiva mercantil por $13,257,000.00.
A la fecha, no se ha alcanzado una resolución pero se anticipa que en las próximas semanas se desarrollará y analizará en profundidad, según la solicitud de la afectada, la ex esposa del funcionario público en Hidalgo, de que se haga justicia y se respete el debido proceso.
Alejandro Canek Vázquez Góngora, con antecedentes en el gobierno de Peña Nieto, ha ocupado cargos relevantes en la administración pública. Durante su breve periodo (3 meses), como director general del Fonacot, percibió un salario mensual de 220 mil pesos. Al término de este lapso, recibió una liquidación que superaba los 560 mil pesos.
A pesar de la promulgación de la Ley 3 de 3 contra la violencia, el director general del INFONAVIT, Carlos Martínez Velázquez, no procedió con la destitución, generando interrogantes sobre la efectividad de la legislación en casos como el presente.
La complejidad del caso se agrava debido a que, en una etapa temprana del proceso legal, la jueza Octava Familiar de Proceso Oral, Laura Mejía Sosa, de la Ciudad de México, parece adoptar una posición que suscita dudas sobre su imparcialidad. Esta observación se basa en su inclinación, aparentemente similar a la del director general del INFONAVIT, a favor del presunto victimario.
Las estadísticas revelan una realidad desalentadora respecto a la figura paterna en México. En un país donde 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5 % de las madres solteras enfrentan evasiones de responsabilidades, la sombra de la violencia sistémica afecta al 40 % de los hogares mexicanos.
Uno de los aspectos más dolorosos de esta ausencia es la falta reiterada e injustificada de pago de pensiones alimentarias. Los datos más recientes del INEGI exponen una preocupante problemática: de los 149,675 divorcios que tuvieron lugar ese año en México, el 67.5 % de los menores quedaron en una situación económica precaria después de la separación de sus padres.
La sociedad observa con atención como este caso, enraizado en fraude y violación de derechos, se desenvuelve en los tribunales, instando a la justicia y el cumplimiento de la ley en aras de la protección de los derechos fundamentales.